Fiscal Anticorrupción

Dr. Diego Carmona

Competencias

a)Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos, que se relacionen con su objeto.

b)Efectuar la investigación preliminar de los hechos de los agentes públicos a los que se atribuya la comisión de algún acto de corrupción o que puedan ser calificados como delitos contra la Administración Pública y/o otros organismos.
Investigar preliminarmente las Institución o Asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la administración de los recursos.

c)Denunciar ante el Poder Judicial los hechos que, como consecuencia de las actuaciones practicadas pudieran calificarse como delitos.

d)Constituirse en parte querellante en los procesos en que se investiguen hechos tipificados como delitos contra la Administración Pública y en los que se encuentre afectado el patrimonio ambiental, cultural, histórico y económico del Estado Provincial. Podrá hacerlo preliminarmente con el Fiscal de Estado cuando este lo requiera, en forma conjunta o indistinta.
En el supuesto de existir conflicto de intereses entre ambos fiscales, la representación de la Provincia quedará a cargo del Fiscal de Estado.

e) Recomendar la suspensión preventiva en la función o en el cargo que ejerce el agente, empleado o funcionario en cuestión, cuando su permanencia pudiera obstaculizar gravemente la investigación.

f) Intervenir y promover todo tipo de trámites o procesos judiciales o administrativos, tendientes a la recuperación del producto de la corrupción.

g) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la función pública, en coordinación con organismos especializados, centros de ciencias y universidades.

h) Asesorar a los organismos del Estado Provincial y a las Municipalidades en la implementación de políticas públicas y de programas preventivos de hechos de corrupción.

i) Proponer modificaciones a la legislación vigente, destinadas a combatir la corrupción.